Cuando los derechos de un niño, niña o adolescente están siendo vulnerados o amenazados, la ley permite pedir al Tribunal de Familia que actúe para hacer cesar esa situación. Aquí te explico qué son estas medidas, quién puede pedirlas y cómo funciona el proceso. Si necesitas ayuda con un caso, escríbeme: la primera orientación es gratis.
Si un niño, niña o adolescente está en riesgo inmediato: puedes acudir directamente a Carabineros (149), a la Fiscalía, a la Oficina Local de la Niñez de tu comuna, o presentar el requerimiento tú mismo/a ante el Tribunal de Familia, sin necesidad de abogado ni de trámites previos.
Es una resolución del Juzgado de Familia, regulada en el Título IV de la Ley N° 19.968, destinada a hacer cesar una amenaza o vulneración de los derechos de un niño, niña o adolescente (NNA), y a resguardar su interés superior. No es un procedimiento penal ni busca sancionar a nadie en primer lugar: su foco es proteger al niño y, cuando corresponde, apoyar a la familia para que pueda ejercer su rol de cuidado.
Estas medidas pueden solicitarse en cualquier momento —incluso antes de iniciar formalmente un juicio— cuando la urgencia lo amerita.
La ley no entrega un listado cerrado, pero en la práctica se consideran situaciones de vulneración, entre otras:
El artículo 70 de la Ley N° 19.968 da legitimación para pedir estas medidas a un grupo amplio de personas e instituciones:
No se requiere ser abogado para presentar el requerimiento; se puede hacer directamente en el Tribunal de Familia.
El artículo 71 de la Ley N° 19.968 entrega un catálogo de medidas cautelares especiales, que el tribunal puede adoptar en cualquier momento del procedimiento —incluso antes de que este se inicie formalmente—, de oficio o a petición de parte. Entre ellas:
Importante: en ningún caso puede ordenarse, como medida de protección, el ingreso de un NNA a un establecimiento penitenciario para adultos. Además, la resolución que impone una medida debe fundarse expresamente en los antecedentes que la justifican.
Dos criterios guían siempre la elección de la medida: debe ser la menos intrusiva que sea eficaz para proteger al niño, y la separación de su familia de origen es excepcional — solo procede cuando el riesgo no puede evitarse de otra forma.
Las medidas cautelares del artículo 71 duran hasta 90 días, el tiempo estrictamente necesario para lograr la protección del niño, y pueden prorrogarse por resolución fundada mientras subsista la situación que las originó.
Si al final del procedimiento el tribunal dicta una medida de protección definitiva en la sentencia, esta puede durar hasta 1 año, también prorrogable conforme al artículo 78 de la misma ley, mientras persista la necesidad de protección.
Este procedimiento no requiere mediación previa y no está pensado como una vía contenciosa entre adultos: su objetivo es restituir los derechos del niño lo antes posible, con apoyo de la red de instituciones (salud, educación, Mejor Niñez) cuando es necesario.
No es obligatorio para presentar el requerimiento inicial, pero contar con representación ayuda a reunir los antecedentes adecuados y a resguardar los derechos de todas las partes durante el proceso, especialmente si hay una contraparte que se opone.
Sí, cuando existen hechos que constituyen una vulneración de derechos del hijo por parte del otro progenitor o de un tercero. No reemplaza otras acciones (como cuidado personal o VIF), pero puede solicitarse en paralelo cuando el riesgo lo justifica.
No. Son procedimientos distintos, aunque pueden coexistir. Las medidas de protección de NNA (artículo 71) buscan proteger específicamente al niño ante cualquier vulneración de sus derechos; las medidas por VIF (Ley 20.066) protegen a la víctima de violencia dentro del grupo familiar, que puede o no ser un NNA.
El tribunal puede decretar apremios y adoptar medidas más estrictas, incluyendo la modificación del cuidado personal si es necesario para resguardar al niño.
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Escríbeme por WhatsAppEsta guía es orientación general basada en la legislación chilena vigente (Ley N° 19.968) y puede variar según tu caso particular y reformas legales. No reemplaza una asesoría personalizada.